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| Foto: Máximo Laureano/Acento.com.do/ Empresario Juan Carlos Ortiz. |
Juan Carlos Ortiz, del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), considera que primero se debió respetar el debido proceso, además de que el Ayuntamiento está en la responsabilidad de demostrar que estas empresas se niegan a pagar, también habla de establecer la legalidad de estos arbitrios reclamados.
Máximo Laureano
Fuente, Acento.com.do
SANTIAGO, República Dominicana.-La acción de las autoridades municipales de Santiago de colocar una valla pública con los nombres de empresas que presuntamente se niegan a pagar los impuestos al Ayuntamiento local, ha sido objetada por los representativos de los sectores empresariales, quienes han calificado como improcedente el proceso.
Aunque los correligionarios del alcalde Abel Atahualpa Martínez Durán han celebrado de acción como válida, los empresarios entienden que hay una violación a los procesos que no se han agotado y que por tanto las autoridades municipales han incurrido en una falta.
Juan Carlos Ortiz, del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), considera que primero se debió respetar el debido proceso, además de que el Ayuntamiento está en la responsabilidad de demostrar que estas empresas se niegan a pagar, también habla de establecer la legalidad de estos arbitrios reclamados.
“La verdad que aquí no se ha respetado el debido proceso y se está acusando a una empresa cuando primero debe ser demostrable el que estos tengan dicha deuda y que además presenten que estos arbitrios son legales”, ha dicho Ortiz.
El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS), Carlos Guillermo Núnez, cree que esta acción municipal, no tiene ningún sostén legal, ya que los funcionarios públicos son los primeros llamados a respetar las leyes que nos rigen.
Núnez ha declarado que desde la Alcaldía promueve que Santiago debe vivir en orden, pero asegura que esta acción está muy distante de lo proclamado porque se violenta la Constitución y las leyes,
“Esperamos que nuestras autoridades municipales entren en razón y estas vallas sean retiradas de inmediato para así evitar conflictos legales”, advierte Carlos Guillermo Núñez.
Ante las reacciones de los empresarios, que han actuado en defensa del sector que representan, el vocero del alcalde Abel Martínez, ha reiterado que se colocadas más vallas y sustenta su anuncio en la presunta honrar sus compromisos tributarias con el municipio.
Legal
Sobre el tema que ha generado conflictos, entre empresarios y los ejecutivos del Ayuntamiento, el regidor del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rafael Cruz explica que aunque es un asunto de ley, que las empresas pagan los impuestos municipales, en este caso, no se ha actuado con de la mejor manera.
El regidor del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rafael Cruz
El edil afirma que la publicación de nombres de las empresas que presuntamente se niegan a pagar los tributos al Ayuntamiento, solo llevará a la confrontación, agrega que los procesos para estos cobros están previstos en las leyes dominicanas y debieron agotarse, antes de recurrir a una medida tan odiosa, como esta acción municipal.
A continuación cinco planteamientos del regidor y abogado Rafael-Papito-Cruz
Somos de opinión, que las empresas y ciudadanos deben pagar los arbitrios y las tasas a los Ayuntamientos, a los fines de ofrecer mejores servicios a los ciudadanos.
Los Ayuntamientos deben enfocarse en desarrollar mecanismos de cobros eficientes, utilizando las vías legales de cobro establecidas en las leyes.
Siendo los arbitrios una imposición que afecta a los munícipes, la constitución en su artículo 138 establece el derecho de audiencia a los ciudadanos, lo cual evitaría el conflicto surgido; y tomar en cuenta el conjunto de reglas establecidas en la ley 107-03 sobre el debido proceso relativo a las decisiones que corresponde a la jurisdicción administrativa, que puede determinar su nulidad o anulabilidad.
No compartimos el método de divulgar listas de morosos en lugares públicos; es un procedimiento que no aporta una solución inmediata como medio de cobro coactivo de un crédito.
Podría generar reacción de violación a derechos fundamentales consagrados en la Constitución como el buen nombre y la honra.
Lic. Rafael Cruz
Abogado y regidor municipio Santiago.
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