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| Foto: Archivo/Acento.com.do/ Carlos Amarante Baret consideró que instalar un campamento durante cinco días y diez horas diarias "es un exceso que vulnera el orden público |
A juicio de Carlos Amarante Baret, no se ha violentado derecho alguno de ningún grupo o conglomerado.
Fuente, http://acento.com.do/
Santo Domingo, 16 may (EFE).- El Ministerio de Interior y Policía declaró este martes, en relación al desalojo de los jóvenes que montaron vigilia frente a la Procuraduría General de la República, que las protestas pacíficas deben realizarse dentro del marco del respeto a la Constitución de la República y las leyes, sin violentar el derecho de los demás, el libre tránsito y el desenvolvimiento normal de las instituciones.
A juicio de Carlos Amarante Baret, no se ha violentado derecho alguno de ningún grupo o conglomerado.
Consideró que instalar un campamento durante cinco días y diez horas diarias “es un exceso que vulnera el orden público en una zona donde además de la Procuraduría General de la República, está la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional, entre otras instituciones que verían afectadas sus actividades”.
El organismo hacía referencia al frustrado intento de grupos sociales de instalar un campamento frente a la Procuraduría en demanda de que se aclara todo lo relativo a los sobornos de la constructora Odebrecht.
En una declaración escrita, el Ministerio de Interior expresó que la instalación de la carpa como tenían planificado grupos de protesta “evidentemente habría afectado el tránsito normal de una avenida principal como la Jiménez Moya, así como el desenvolvimiento de los usuarios y funcionarios de la Procuraduría General de la República y de las múltiples instituciones oficiales que se encuentran en los alrededores de la Feria (Centro de los Héroes)”.
Agrega que esa actividad habría trastornado también el orden y el derecho que a su vez tienen los demás ciudadanos de transitar por la vía pública sin mayores riesgos ni limitaciones.
“El derecho constitucional en las protestas pacíficas por parte de cualquier ciudadano u organizaciones públicas, cívicas, religiosas y obreras es debidamente protegido por las instituciones gubernamentales cuando cumplan con el marco reglamentario correspondiente”, manifestó.
Pero aclara que estas siempre deben respetar el derecho de los demás ciudadanos transeúntes y las normas de convivencia civilizada, y agrega que “muestra de ello son los múltiples actos que diariamente se desarrollan en todo el país organizados por diversos grupos sociales, con los cuales oportunamente se coordina dicha protección estatal para evitar o minimizar los trastornos que se puedan generar durante o con motivo de la actividad”.EFE
A continuación la declaración oficial completa:
Ministerio de Interior rechaza alteración del orden público
El Ministerio de Interior y Policía aclaró este martes que no se ha violentado derecho alguno de ningún grupo o conglomerado, pero afirmó que las protestas pacíficas deben realizarse dentro del marco del respeto a la Constitución de la República y las leyes, sin violentar el derecho de los demás, el libre tránsito y el desenvolvimiento normal de las instituciones.
Consideró que instalar un campamento durante cinco días y diez horas diarias “es un exceso que vulnera el orden público en una zona donde además de la Procuraduría General de la República, está la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional, entre otras instituciones que verían afectadas sus actividades”.
En una declaración escrita, el Ministerio de Interior expresó que la instalación de la carpa como tenían planificado grupos de protesta “evidentemente habría afectado el tránsito normal de una avenida principal como la Jiménez Moya, así como el desenvolvimiento de los usuarios y funcionarios de la Procuraduría General de la República y de las múltiples instituciones oficiales que se encuentran en los alrededores de la Feria”.
Agrega que esa actividad habría trastornado también el orden y el derecho que a su vez tienen los demás ciudadanos de transitar por la vía pública sin mayores riesgos ni limitaciones.
“El Derecho constitucional en las protestas pacíficas por parte de cualquier ciudadano u organizaciones públicas, cívicas, religiosas y obreras es debidamente protegido por las instituciones gubernamentales cuando cumplan con el marco reglamentario correspondiente”, manifestó.
Pero aclara que estas siempre deben respetar el derecho de los demás ciudadanos transeúntes y las normas de convivencia civilizada, y agrega que “muestra de ello son los múltiples actos que diariamente se desarrollan en todo el país organizados por diversos grupos sociales, con los cuales oportunamente se coordina dicha protección estatal para evitar o minimizar los trastornos que se puedan generar durante o con motivo de la actividad”.
DIRECCIÓN DE PRENSA MINISTERIO INTERIOR
16 DE MAYOR 2017
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