Lilliam Oviedo
Especial/Noticias A Tiempo.Net
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Para enunciar los objetivos de la Operación Causa Justa, se puede citar la lista de pretextos utilizados para cualquier otra tropelía imperialista. Basta cambiar fechas y nombres propios.
El Gobierno de Estados Unidos alegó que debía salvar a los 35 mil estadounidenses que en ese momento se encontraban en Panamá. Un incidente en el cual resultó muerto un soldado (forzando para pasar por un retén cercano a una instalación militar panameña) era, según Washington, el aviso de que toda su gente estaba en peligro. ¡Burda manipulación!
En cuanto al objetivo de defender la democracia en Panamá, hay que preguntar si fue como abanderados de los derechos humanos que los marines dieron muerte a más de 2,000 panameños (algunas organizaciones dicen que a unos 6 mil), muchos de los cuales fueron enterrados en fosas comunes. Al barrio El Chorrillo se le llamó Hiroshimita, porque fue casi desaparecido, y también por el frecuente uso de lanzallamas. Muchos cuerpos fueron quemados.
Para detener a Manuel Antonio Noriega, que fue otro pretexto, no había que realizar esa masacre ni movilizar 27 mil marines. Empleado de la Agencia Central de Inteligencia desde la década de 1960, Noriega había aprendido a obedecer. Pero además, es evidente la hipocresía y el retorcimiento en la mal llamada lucha antidrogas.
Con todo, el enunciado más mentiroso de la lista es el pretexto de respaldar el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter. (El acuerdo firmado en 1977 devolviendo a Panamá el control del canal interoceánico). Los estrategas yanquis buscaban no cumplir.
Es fácil identificar como antecedente de la invasión el accidente fabricado (¿le llamamos accidente?) al general Omar Torrijos, quien insistía en no consultar con Washington sus decisiones en materia de política exterior.
El avión en que Omar Torrijos se movilizaba por territorio panameño, se precipitó a tierra. El hecho ocurrió en 1981, en los primeros meses del gobierno de Ronald Reagan. En ese momento, Torrijos negociaba con Japón un préstamo para la construcción de un canal a nivel del mar. George Shultz, un colaborador de Reagan (luego secretario de Estado) y Casper Weinberger, secretario de Defensa de la Administracion Reagan, eran altos ejecutivos de la corporación de ingeniería Bechtel, cuyos intereses serían afectados con ese proyecto. ¿Acaso no luce más arriesgado llamar accidente a lo ocurrido?
Después de la muerte de Torrijos, es Manuel Antonio Noriega quien le sucede en las funciones de Estado… No puede ser coincidencia.
En América Latina, la defensa de los intereses de las multinacionales ha costado muchas vidas. Los gobiernos títeres desaparecen y matan a activistas (ocurrió en República Dominicana con el abogado Guido Gil), el poder estadounidense ha impulsado golpes de Estado (contra Jacobo Arbenz en Guatemala, por ejemplo) y líderes en luchas por causas regionales han sido asesinados (en Honduras mataron Bertha Cáceres y en Colombia han matado a 35 activistas de derechos humanos en los últimos meses).
No es extraño, pues, que una negociación con otra potencia que perjudica a una compañía poderosa en Estados Unidos acelere la concreción de un plan de magnicidio que de seguro ya estaba en curso.
Desmontar estructuras militares en las cuales había núcleos progresistas y patrióticos e impedir el desarrollo de negociaciones conducidas con cierta autonomía para aprovechar los recursos naturales y la privilegiada posición geográfica de Panamá, fueron los verdaderos objetivos de la invasión. El poder estadounidense busca controlar los recursos naturales de América Latina, utilizarlos para sus intereses.
¿A quién salvan esos salvadores?
Importantes documentos sobre la Operación Causa Justa son todavía secretos. Muchos analistas dicen que en Panamá fue probado un esquema de ocupación similar al utilizado en Irak años después.
Se habla también del ensayo con ciertos diseños de armas y variedades de explosivos.
¿Se sabrá toda la verdad cuando sean desclasificados los documentos? Hay que ponerlo en duda, pero la desclasificación sería un paso.
En los acuerdos Torrijos-Carter fue contemplada la entrega de las bases militares, y el paso se dio, pero la presencia militar estadounidense en Panamá ha asumido otra forma.
Académicos como el profesor Carlos Pérez Morales dicen que, aunque los gobiernos no lo reconocen, el Comando Sur ha establecido muchas bases aeronavales en Panamá.
En las publicaciones más autorizadas se habla de doce instalaciones militares utilizadas por Estados Unidos en ese país.
El pretexto ahora es la lucha contra las drogas. Lo utilizan para explicar, por ejemplo, su interés por las dos costas.
La demagogia se ve de lejos…
Otros jefes
Hay que hablar en pasado de una ofensa imperdonable, y en presente de una amenaza.
En 1989, fue Bush quien emitió la orden, pero hay que repetir que Colin Powell, como jefe de Estado Mayor Conjunto, supervisó desde Washington la canallada.
400 bombas fueron lanzadas en las primeras horas. El secretario de Defensa era Dick Cheney, quien durante el gobierno de George W. Bush (Bush hijo) fue vicepresidente.
Juan Carlos Varela, actual presidente de Panamá, sigue la línea de sus antecesores (Guillermo Endara, Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos y Ricardo Martinelli), pues favorece el incremento de la presencia militar yanqui, y todo indica que negocia a espaldas de su pueblo.
Hay que citar nombres y apellidos, porque el imperialismo asigna su papel a halcones y lacayos.
De cara
En el 27 aniversario de la invasión a Panamá, hay que expresar respeto por las víctimas de los marines. Pero es preciso también denunciar la amenaza imperialista contra Venezuela.
En el intento de revertir el avance político en todo el continente, el imperialismo busca ahora debilitar los organismos regionales de integración.
La agresión en Argentina a la canciller venezolana Delcy Rodríguez es un acto de provocación, y se inscribe en el intento de someter al control imperialista organismos como el Mercosur.
Los gobiernos ultraderechistas de Argentina y de Brasil, y el gobierno de Paraguay (nacido del proceso iniciado con el derrocamiento de Fernando Lugo), merecen el rechazo de nuestros pueblos. Los gobernantes de Uruguay deben reconsiderar su postura, porque está en juego la continuidad del avance político en la región.
En 1989 el poder hegemónico se propuso recuperar el control sobre Panamá y realizó esa grosera invasión. Hoy, ensaya las más sucias maniobras para instalar gobiernos títeres en todo el continente.
Para honrar a los mártires de El Chorrillo, no necesitamos conocer sus nombres, sino reclamar, en nombre de Panamá, de América y de los pueblos del mundo, que cese la agresión imperialista, y que los estrategas responsables de tropelías como la invasión de hace 27 años sean juzgados, castigados y despojados del poder que detentan.
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