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martes, 2 de agosto de 2016

Turquía: No se pueden arrebatar unos derechos conquistados con esfuerzo

Servicios/Noticias A Tiempo.Net
E-mail: josemlct11@hotmail.com

Existen razones fundadas para temer por los derechos y libertades de la población turca, pues continúa la campaña represiva de proporciones excepcionales desatada tras el intento fallido de golpe de Estado del 15 de julio de 2016.

En un momento de gran temor e incertidumbre, el gobierno no debe pisotear los derechos de las personas en su búsqueda de justicia.

Los abusos cometidos durante el intento de golpe deben investigarse y sus perpetradores deben comparecer ante la justicia, pero hay que respetar —y no ignorar— los derechos humanos durante este proceso.

El estado de excepción no anula las obligaciones contraídas por Turquía en virtud del derecho internacional ni debe descartar unas libertades y salvaguardias conquistadas con esfuerzo.

Nadie puede sentirse a salvo cuando no se respetan los derechos humanos. 

Dile al presidente Erdogan que no se pueden arrebatar unos derechos conquistados con esfuerzo, ni siquiera durante un estado de excepción. 

Las autoridades turcas deben respetar los derechos humanos mientras hacen investigaciones, y poner en libertad a las personas cuando no haya indicios de actos delictivos y celebrar juicios justos.
La prohibición de la tortura es absoluta, y nunca puede peligrar ni ser suspendida. En medio de denuncias de tortura, hay que dar acceso a observadores independientes a todos los centros donde haya personas detenidas. Todas las personas detenidas deben tener acceso regular a abogados y familiares.
No se debe utilizar el estado de excepción como excusa para reprimir voces disidentes pacíficas o para hacer purgas generalizadas en la sociedad civil, los medios de comunicación, el poder judicial, la educación y otros sectores de la sociedad.
La censura de los medios de comunicación sólo por criticar la política del gobierno es ilegal, incluso en un estado de excepción.
Deben respetarse los derechos de los trabajadores a cuestionar sus suspensiones o despidos en actuaciones justas y transparentes.

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