Monte Cristi, República Dominicana, Una amplia red de falsificadores de títulos y documentos públicos en Montecristi se apropió de una finca privada desde el año pasado, y la fiscal rechazó los alegatos de los despojados basándose en un acto falso fechado hace más de 50 años, declarando prescrita la acción pública.
Las alteraciones de documentos, comprobables en los registros del ayuntamiento y de otras dependencias públicas, fueron descartados como evidencia del despojo por la fiscal montecristeña Ybelca Castillo Lemoine.
La denuncia hecha por los afectados con el despojo, Dulce Milagros Díaz e Irma Mercedes Díaz Aybar, y sus abogados licenciados Silvino Pichardo Benedicto y José de los Santos Hiciano, se encamina ahora al juez de instrucción de Montecristi.
Responsabilizan los denunciantes del despojo de la parcela 71 del Distrito Catastral No.11 de Montecristi a los señores Ruddy Rafael Mercado Rodríguez, Gladis Altagracia Martínez Rodríguez, Ydelzi María Monción, José Francisco Fernández Gil y Carmen Rosa Martínez.
Expresa la querella que el registrador de títulos de Montecristi emitió el 17 de septiembre de 1974 la carta constancia del certificado a nombre de María Aybar y sucesores de Ramón Antonio Díaz.
Atribuyen a Ruddy Mercado falsificar un acto de venta fechándolo 2 de enero 1957 pero "dicha falsificación es tan burda y evidente que sus autores incurrieron en la torpeza de incluir en el supuesto acto de venta del 2 de enero del 1957 a los licenciados Julio F. Peynado y Joaquín Díaz Belliar también como vendedores de sus derechos".
Los dos abogados recibieron en 1971 un 50% por ciento de la propiedad, tras un deslinde legal que desconocen los actos y títulos falsificados con una falsa venta del 1957.
Entre las falsificaciones comprobables en los aqrchivos del Ayuntamiento de Montecristi y en el registro de títulos, figura la suplantación del Auto administrativo 1012, del acto de Notoriedad No. 160, para avalar falsamente el denunciado traspado ilegal.
De acuerdo con la denuncia, la red de falsificadores también falseó sentencias judiciales, además de los títulos, actas y documentos cuyos originales se encuentran en el Registro de Títulos y en el Ayuntamiento de Montecristi.
Pese a ello, dijeron, la fiscal declaró prescrita la acción penal porque el acto falso tiene fecha del 1957, aunque fue presentado a las autoridades recién el año pasado, cuando se materializó el despojo mediante las falsificaciones.
El abogado Rafael Nolasco figura como Notario de los actos falsificados por la red montecristeña detectada con el despojo de la parcela 71.
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