Hubieres somete a ministro Toca Simó, a exministro Del Castillo Saviñón, y a Coastal Pretroleum Dominicana

Industria y Comercio: que se investiguen denuncias de ANADEGAS y FENATRANO sobre supuesta mafia

Acento

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO), Juan Hubieres, y varias entidades del transporte presentaron hoy formal querella y constitución en actoría civil en contra del Ministro de Industria y Comercio y de otro ex ministro y una empresa privada, por varios ilícitos que supuestamente cometen con la comercialización del GLP.


Juan Hubiere del Rosario encabeza la acción penal en contra del actual ministro de Industria y Comercio y Mypimes (MICM), Nelson Toca Simó, del ex ministro, arquitecto José Del Castillo Saviñón, y representantes de Coastal Pretroleum Dominicana, S.A.

La querella fue presentada en la Procuraduría General de la República vía dirigida la Procuraduría Especializada en Contra de la Corrupción.

Ayer, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes solicitó al procurador general de la República investigar la denuncia de ANADEGAS y FENATRANO respecto a “una alegada mafia en la venta de combustibles, con la supuesta “connivencia de funcionarios públicos del gobierno y específicamente” del MICM.

Información relacionada:

Industria y Comercio: que se investiguen denuncias de ANADEGAS y FENATRANO sobre supuesta mafia

En la querella y constitución en actoría civil Juan Hubieres y los demás querellantes acusan a los imputados de lavado de activos, prevaricación, desfalco, coalición de funcionarios, concusión, asociación de malhechores, entre otros.

Según los querellantees, los supuestos delitos se han cometido mediante la fijación de precios y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP).

Solicitan la designación de un juez especial de la instrucción, dado el privilegio de jurisdicción de que gozan los imputados, para que les sea conocida medida de coerción.

Consideraron que los imputados desfalcan al Estado mediante la fijación excesiva de precios del GLP, con «resoluciones ilegales» para favorecer a la empresa Coastal Pretroleum Dominicana, S.A.

«Los aumentos habrían sido concebidos en principio para que la entidad privada, Coastal Pretroleum Dominicana, S.A., construyera, a costa de los consumidores, una terminal privada para depósito de combustible, y pese a que ya se concluyó esa obra, siguen cobrando los aumentos», precisaron.

Consideraron que los consumidores dominicanos estarían pagando costos excesivos en el precio del gas licuado de petróleo, recursos que van a los bolsillos de particulares, en detrimento de la economía popular y de operadores del transporte.