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martes, 18 de diciembre de 2018

Hombres desarman militares y ayudan a escapar a un recluso de un centro médico de Nagua

La institución advierte que cualquier colaboración con el fugado o sus cómplices es un delito que implica la violación a los artículos números 265, 266, 237 y 243 del Código Penal Dominicano, que sancionan los delitos de asociación de malhechores y la evasión de privados de libertad y ocultamiento de criminales, conllevando sanciones desde 5 a 20 años de prisión.
Listin Diario
Hombres armados despojaron de sus fusiles a dos miembros del Ejército y ayudaron a escapar, de un centro de salud del municipio de Nagua, a un hombre condenado a 30 años de prisión  por delitos de asociación de malhechores y homicidio.


En la acción se dio la fuga el recluso Jorge Gabriel Báez Abreu, quien fue trasladado en un vehículo que ahora está en el municipio de Cabrera.

Este martes hay un gran despliegue militar en la provincia María Trinidad Sánchez, en busca del prófugo, mientras la Procuraduría General de la República  inició una exhaustiva investigación para determinar responsabilidades penales en la fuga.

La información fue suministrada a través de una nota de prensa por la PGR, en la que también explica que todos los recursos al alcance de esa institución y de los organismos de seguridad del Estado, fueron activados para la localización y apresamiento, lo más pronto posible y como sea necesario, dentro de lo que permiten las leyes y la Constitución del país, tanto del fugado como de sus cómplices.

La PGR hace un llamado al prófugo y a sus secuaces, para que se entreguen lo más pronto posible, utilizando para esto cualquier dependencia del Ministerio Público, o de la vía que entiendan pertinente, garantizándoles que les serán totalmente respetados sus derechos humanos.

La institución advierte que cualquier colaboración con el fugado o sus cómplices es un delito que implica la violación a los artículos números 265, 266, 237 y 243 del Código Penal Dominicano, que sancionan los delitos de asociación de malhechores y la evasión de privados de libertad y ocultamiento de criminales, conllevando sanciones desde 5 a 20 años de prisión.

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