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SANTIAGO, RD.-La Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI, demanda del gobierno la realización de una auditoria legal y técnica de las autorizaciones ambientales realizadas por el ministro anterior, en la que se cometieron todo tipo de atrocidades contra la naturaleza y el Medio Ambiente.
Es inaceptable, que un equipo venga a una institución, como Medio Ambiente, a desconocer con fines inconfesables la ley y los procedimientos que jura cumplir, en perjuicio del país, que todavía desconoce las huellas desastrosas dejadas por ese grupo a su paso por el Ministerio de Medio Ambiente.
Estas autorizaciones viciadas se realizaron sin la más mínima observancia de los reglamentos que la rigen, afectando zonas costeras, zonas estuáricas, zonas meándricas, bosques de galería, ecosistemas boscosos, la biodiversidad, los hábitats, los manglares, los recursos hídricos, y las zonas protegidas, entre otros.
En el caso de las zonas protegidas es bien conocido que cada una de ellas tiene la amenaza permanente de mafias, personas interesadas en afectarlas u obtener beneficios con su destrucción. Esas mafias cuentan con colaboradores dentro del Viceministerio de Áreas Protegidas.
La sociedad y el país deben ser resarcidos por las actuaciones alegres e irresponsables de ese ministro y su grupo, por lo que debe establecerse con claridad cuáles fueron las violaciones y cuáles son las sanciones que corresponden en cada autorización. De no hacerse así, seguiremos bajo el amparo de la impunidad y correremos el riesgo de que otros vuelvan a hacer lo mismo para favorecer amigos o beneficiarse personalmente.
Esas decenas y decenas de permisos ilegales y clandestinos hoy día generan escándalos y conflictos sociales con los defensores del Medio Ambiente y las comunidades, en todo el territorio nacional; conflictos que se hubiesen evitado si se hubiesen realizado las consultas ciudadanas que ordenan los reglamentos y la ley.
Solicitamos al presidente de la República ordenar la realización de las auditorias mediante la designación de un equipo especial que establezcan los elementos legales y técnicos envuelto en cada autorización.
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