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domingo, 9 de diciembre de 2018

CNDH-RD exige sean respetados protocolos y derechos humanos de víctimas y familiares en caso Polyplas

“Condenamos firmemente, antes que todo, que a la fecha de hoy la empresa Polyplas, aun no haya entregado a las autoridades la lista de los empleados que estaban laborando el día de la explosión en el lugar”.
Acento
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) denunció las numerosas fallas en el manejo de parte de las autoridades y de los directivos de la empresa Polyplas y una falta absoluta de respeto de los derechos humanos tanto de las victimas como de sus familiares, ante la tragedia ocurrida el miércoles pasado, cuando una explosión en la fabrica de plásticos ubicada en Villas Agrícolas ha dejado a la fecha de hoy un saldo provisional de seis muertos y decenas de heridos.


“Condenamos firmemente, antes que todo, que a la fecha de hoy la empresa Polyplas, aun no haya entregado a las autoridades la lista de los empleados que estaban laborando el día de la explosión en el lugar”.

Lamentaron también la actitud de genuflexión, una vez más, del gobierno dominicano ante la actitud arrogante de algunos empresarios privados, en este caso Manuel Diez Cabral, quien se considera por encima de las leyes, de los protocolos y de las autoridades y que llega a desmentir descaradamente hasta el mismo jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Rafel del Rosario, respecto a las causas del hecho.

“Lamentamos el silencio cómplice del ministro del Trabajo, Winston Santos, ante una tragedia que afecta de forma tan grave la clase trabajadora dominicana y que trae sombras preocupantes sobre los protocolos de seguridad y prevención de desastres en las empresas privadas”.

“Recordamos que la República Dominicana es signataria de dos importantes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de protección y seguridad en el trabajo”, ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes presidente nacional de la CNDH-RD.

En el año 2006 el país ha ratificado el Convenio sobre los productos químicos del 1990, el cual indica precisas responsabilidades de los empleadores en el caso de las empresas donde productos químicos son utilizados por sus empleados o donde estos estén a directo contacto con productos químicos, y en el 2015 ha ratificado el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo del 2006, cuyo objetivo es entre otros, la “mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo mediante el desarrollo de una política, un sistema y un programa nacionales, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores”. Este último convenio establece directrices obligatorias para los países signatarios, la gran mayoría de las cuales son inexistentes en nuestro país.

Condenaron también la actitud violenta de la Policía Nacional, “que se demuestra una vez más una institución completamente inadecuada al rol que está llamada a desempeñar, llegando a reprimir con violencia los familiares de las víctimas.

Consideramos que sea necesaria y urgente la creación de una comisión de seguimiento integrada por autoridades, familiares de las víctimas y la Defensoría del Pueblo para que de forma inmediata se pueda manejar la situación con la altura y el respeto a las víctimas que se merecen y darle seguimiento a los daños y perjuicios de los afectados. Consideramos necesario y urgente además un registro de los daños a edificios públicos y privados afectados en el accidente y que a los desalojados se les garantice una ubicación segura y de calidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exige demás que de forma rápida, efectiva y eficaz sea establecida la cadena de responsabilidades de lo ocurrido y que los responsables sean sometidos a la justicia, recordando que los dirigentes de la empresa, según el Código Civil y el Código Laboral son responsables civilmente por los daños sufridos como consecuencia de un accidente de trabajo. Condenamos que a la fecha, el Ministerio Publico no haya ejercido aun la obligatoriedad de la acción pública, así como previsto en el Art. 30 del Código Procesal Penal y que bien se aplica a este caso.

Solicitaron a las autoridades correspondientes la realización urgente de un plan de ordenamiento territorial del Gran Santo Domingo disponiendo el traslado de empresas peligrosas en las afueras de la ciudad, para que tragedias como estas no vuelvan a repetirse.

Finalmente informaron a los familiares de las víctimas y de los desaparecidos que pueden recurrir a su oficina donde un equipo de abogados de forma gratuita les asesorará en sus inquietudes.

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