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sábado, 27 de enero de 2018

República Dominicana: Nacionalidad arrebatada

En 2013 el Tribunal Constitucional de la República Dominicana negó la nacionalidad a 133 mil personas que nacieron en este país, pero cuyos padres eran haitianos en situación migratoria irregular. El hecho provocó un escándalo internacional. Y con razón: discriminaba a un sector de la población, cuyos miembros cayeron en un limbo jurídico que les impedía tener documentos de identidad para, por ejemplo, obtener empleo formal y educación. Más aún, estas personas –casi todas pobres y vulnerables– enfrentaron de golpe el riesgo de la deportación. El Estado emitió una ley para subsanar la situación, pero –a decir de organizaciones civiles– “90% de los afectados por la desnacionalización no se ha beneficiado”.

Fuente, Acento.com.do

SANTO DOMINGO (Proceso).- A sus 32 años, Mercedita Ferdini tímidamente recrea los recuerdos: nacida en Yacó, una comunidad a menos de 25 kilómetros de esta ciudad, capital de la República Dominicana, dice que jamás ha tenido un documento de identidad.

Criada por una hermana de su papá, no conoció a su madre, una haitiana: “Mi papá es de Batey Verde, nacido en la República Dominicana. Él no me ha podido declarar (registrar), porque cada vez que voy con él me dicen que no, que busque a mi mamá”.

En septiembre de 2013 el país caribeño encendió un acalorado debate sobre quiénes tenían derecho a la nacionalidad a partir de la Sentencia 168 de la Suprema Corte de Justicia, que estableció que no son dominicanos los hijos de inmigrantes en situación irregular, aunque sean nacidos en la República Dominicana. La mayoría de las personas en esta situación desciende de migrantes del vecino Haití. Alegaron que la nacionalidad dominicana les había sido arrebatada.

Poco después de la Sentencia 168, diferentes organizaciones de derechos humanos la denunciaron como “un arrebato” de facto de la nacionalidad dominicana a un grupo de personas; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estimó en 133 mil 770 el número de afectados.

Pese a esta cifra, diversos grupos nacionalistas se manifestaron públicamente contra el reclamo de las personas de padres haitianos, nacidas en el país: “Después de la Sentencia 168 salieron los enemigos de la República Dominicana. Aquí los traidores internos, todas esas ONG que en realidad son agentes extranjeros, comenzaron a decirnos racistas, a decirnos xenófobos, cuando antes de comenzar con esta situación tú hasta ayudabas a los haitianos y tú les tenías pena”, argumenta Inmaculada Núñez, de La Mesa de Coordinación Nacionalista, la cual agrupa a organizaciones de diversas provincias del país.

Personas como Mercedita se encontraron, sin saberlo, en un torbellino de opinión pública que incluso llevó el tema de la Sentencia 168 a una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos. Ella continuó su vida ajena al debate, pero muy clara sobre su ascendencia: “La mamá de mi papá nació en Haití, pero él tiene sus documentos normales y en regla, siempre. Y vota desde hace muchos años aquí”, comenta.

La Constitución Dominicana aprobada en 2010 prevé que sólo los hijos de padres o madres dominicanos, y personas nacidas en su territorio de padres extranjeros en situación migratoria regular, tienen derecho a la nacionalidad dominicana.

“Pero aquí dicen que el hombre no pare”, comenta Ana María Belique, integrante del Movimiento Reconocido, organización que agrupa a personas de descendencia haitiana afectadas por la desnacionalización. “Hay un cuestionamiento en cuanto a la paternidad de hombres dominicanos que tienen hijos con mujeres haitianas, y que a pesar de que ellos son dominicanos no le pueden pasar la nacionalidad a sus hijos. Si ellas no cuentan con documentos, entonces no son reconocidos”.

Al menos otras dos organizaciones de derechos humanos de ese país manejan la cifra de 28 mil 611 niños y niñas que, aunque nacieron en la República Dominicana de padres dominicanos o extranjeros de cualquier nacionalidad, no tienen acta de nacimiento.
Ley 169

Meses después del escándalo desatado por la Sentencia 168, el Estado dominicano promulgó la Ley 169 como una forma de atender a quienes reclamaron haber perdido su ciudadanía dominicana.

“Desde el gobierno sí se vio que había personas que habían quedado afectadas por esa sentencia”, declara Flavio Espinal, consultor jurídico de la Presidencia y corredactor de dicha ley, que entró en vigor en julio de 2014. “Lo que procuraba y procura la Ley 169 es dar respuesta legal a personas que fueron impactadas por la sentencia y que de buenas a primeras se encontraron en una situación, jurídicamente hablando, distinta a la que tenían antes”, explica.

Según Espinal, lo que procuró la ley fue revalidar la documentación que le daba carácter de dominicanas a las personas nacidas en la República Dominicana de padres en condición migratoria irregular. En la práctica, la Ley 169 dividió a las personas afectadas en grupos: A y B. El primero incluía a quienes habían tenido acta de nacimiento o cédula dominicana, mientras que el B agrupaba a las personas nacidas en el país, pero que nunca habían tenido ningún tipo de documentos.

Mercedita es una de esas personas del llamado grupo B, pero nunca se acogió a la ley: “Yo tuve tiempo de ir y no fui porque es que yo nací aquí, fui nacida y criada y de aquí no me he movido nunca”, dice.

Mercedita también rechaza la posibilidad de tener la nacionalidad haitiana que le otorga el mismo Estado dominicano. Ante el cuestionamiento de ir a Haití a reclamar esa ciudadanía, responde tajante: “Quizás si tú no me conoces dirías que no nací aquí, por mi color. Mucha gente sabe que yo nací aquí. Yo me considero dominicana”.

Para Inmaculada Núñez, personas como Mercedita sí deberían ir a Haití a reclamar su nacionalidad: “La Ley 169 viola la Constitución de la República. Es todo un fraude que le costó millones a los dominicanos. Haití es el que debe darle, porque ellos son haitianos. El único extranjero que tiene que ser dominicano obliga’o es el haitiano. Yo he tenido amigos colombianos, italianos, argentinos, y yo nunca he visto que ninguno de esos países les niegue su pasaporte”.

El Estado haitiano tiene cinco oficinas consulares en la República Dominicana.

Por todas esas razones Mercedita no tiene ningún documento. Tuvo que dejar de estudiar cuando ni siquiera había iniciado la secundaria y fue madre a los 17 años. Hoy tiene cinco hijos de cuatro padres distintos, ninguno declarado.

“Con un papel yo trabajara, declarara a mis hijos. A mí me da mucha tristeza tener cinco muchachos y que no pueda trabajar. Mi abuela tiene como nueve años que se murió y me dejó un solar. Si estuviera trabajando, tendría tiempo de ponerle así sea palos, pero no puedo porque no tengo documentos. Y no es que no he jayado trabajo, pero no me reciben sin documentos”, explica.

El total de beneficiarios de la Ley 169 todavía se debate. Oficialmente 36 mil cuatro personas fueron beneficiadas, contando las 27 mil 249 del llamado grupo A y las 8 mil 755 personas del grupo B. Pero la Coalición Dominicanos por Derecho, espacio que aglutina a organizaciones que defienden a los afectados, cuestiona esta cifra. Beneco Enecia, vocero de esta coalición, afirma que “alrededor de 90% del total de afectados por la desnacionalización no se han beneficiado de la ley”. La Coalición destaca que de la cifra de 133 mil 770 personas afectadas, sólo 13 mil 495 del grupo A han recuperado su nacionalidad.

Para Enecia, la solución ofrecida a las personas del grupo A –devolver sus documentos de forma automática y sin trámites– no se ha cumplido. Hay desinformación, intolerancia y discriminación constante por parte de funcionarios del Estado. “Siempre hay un pero para impedir que las personas puedan acceder a su nacionalidad”, señala.

Enecia también denuncia que esa devolución de documentos ha dado lugar a un Registro Civil discriminatorio. “El libro de transcripciones, separado del libro de registro ordinario –donde se encuentran todos los dominicanos y dominicanas–, lo que ha hecho es segregar a unos dominicanos del resto”, sostiene. También argumenta que los registros originales de estas personas del grupo A son anulados y sólo se conserva el nuevo registro.

El gobierno niega esta versión. “Su condición de nacionales dominicanos se les revalidó y están llamados a tener su acta de nacimiento y cédula. No debe haber una lista de ciudadanos de segunda clase ni mucho menos”, comenta Espinal, quien también afirma que la transcripción se debió al tiempo que transcurrió entre la Sentencia 168 y la Ley 169 (unos ocho meses), en el que la Junta Central Electoral sacó del Registro Civil a un grupo de personas para llevarlas al libro de extranjería.

“Esas personas tenían que volver otra vez a entrar en el Registro Civil porque cumplían los requisitos de ley”, dice.

Para Espinal, la Junta Central Electoral está abierta a que las personas beneficiadas por la Ley 169 puedan recuperar sus documentos: “Creo que falta que las instituciones que dan apoyo a esas personas logren identificarlas y llevarlas a obtener sus documentos. No conozco las interioridades de la Junta para decirle si hay bloqueo, si hay obstrucción deliberada para no beneficiar a esas personas”, expone.
Una tímida esperanza

El debate es aún más encendido para el llamado grupo B. Según Dominicanos por Derecho, las cifras son alarmantes: “Del universo de 79 mil 943 personas que podían optar por la ley, sólo 8 mil 755 lo hicieron en el plazo que terminó a finales de enero de 2015, y de esas ninguna ha sido naturalizada al día de hoy”.

Para Espinal, en cambio, el número que se maneja de personas afectadas por la desnacionalización es incorrecto: “Pelear con las cifras es muy difícil, porque han partido de una premisa falsa, de un manejo inapropiado de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, y de la deducción que se hizo respecto a quienes pudieran reclamar la nacionalidad y no se les ha otorgado”.

La posición del gobierno es que si alguien tiene una lista de personas específicas que reclamen ese derecho tienen que ponerla a disposición del Estado: “Estaríamos abiertos a revisarla, pero hasta el día de hoy, que yo sepa, nadie tiene esa lista”, argumenta Espinal.

Transcurridos ya tres años desde que finalizó el proceso de inscripción, las 8 mil 755 personas del grupo B que se acogieron a la ley pueden en teoría optar por la naturalización. Sin embargo, no existen cifras sobre personas que hayan recuperado su nacionalidad por esta vía, y visto el perfil empobrecido de la mayoría, será más complicado que inicien por sí mismos el proceso.

“Solo 5 mil 519 de esas 8 mil fueron llamadas a retirar un documento de residencia; eso no es nacionalidad”, cierra Enecia a nombre de la Coalición.

Desde el gobierno, Espinal fija posición: “Lo que la ley les dio fue el beneficio de no tener que esperar cinco años para optar por el beneficio de la naturalización. Ya ellos deben individualmente solicitar su naturalización. Eso no se va a hacer en bloque”.

Los grupos nacionalistas son aún más radicales sobre el derecho de las personas del llamado grupo B.

“A esa gente del Grupo B hay que analizarlos one by one, porque aquí hay gente que la trajeron, que no sabe hablar, que tú los sueltas ahí y se van a perder porque nunca han venido a República Dominicana”, opina Inmaculada Núñez, quien además asegura que una vez fue víctima de suplantación de identidad: “La suerte es que mi madre estaba viva cuando sucedió eso. Tuve que buscar acta de nacimiento, acta de confirmación, buscar la partera, todo el mundo me tuvo que hacer papeles para decir que yo era Inmaculada Núñez, porque una haitiana tenía mi identidad”.

Mercedita sólo cuenta con los testimonios de los vecinos de Yacó, quienes, asegura, la vieron nacer y crecer en esa comunidad. Ella, que escucha el reclamo de sus hijos por no haberlos declarado aún, que vive en una casa prestada con el temor de que cualquier día la saquen, que no se mueve lejos para no encontrarse con los agentes de Migración, que se moriría si la agarran para llevarla a un país que ni siquiera conoce, mantiene una tímida esperanza de que todo se solucione para así trabajar formalmente como conserje en la escuela de su comunidad.

“Tengo seis años ahí, ayudando: limpio, barro, trapeo. Una conserje normal, porque ahí no hay conserje. Ellas dicen que quisieran ponerme (formalizar el empleo), pero es que yo no tengo documentos”, se lamenta.

Este reportaje se publicó el 14 de enero de 2018 en la edición 2150 de la revista Proceso.

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