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miércoles, 7 de diciembre de 2016

Tragedia del Chapecoense: Existía una orden de arresto para el piloto

Miguel Quiroga. 
Fuente, Cuba Debate

El hombre que pilotaba el avión de Lamia accidentado la semana pasada, Miguel Quiroga, estaba siendo procesado en Bolivia y había una orden de arresto en su contra por haber dejado la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), según informó hace pocas jornadas el Gobierno de La Paz.

“El capitán Quiroga, que fue piloto del avión que se accidentó, tenía un juicio con la FAB e incluso contaba con un mandamiento de apremio”, explicó el ministro de Defensa boliviano, Reymi Ferreira, según la agencia estatal ABI.
Miguel Quiroga.
Foto tomada de Facebook
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En la tragedia murieron 71 personas, la mayoría miembros del equipo de fútbol brasileño que viajaba a disputar la final de la Copa Sudamericana. Quiroga, además de piloto, era co-propietario de la aerolínea Lamia.

Según el funcionario, Quiroga y otros cuatro militares que abandonaron la entidad están procesados por esa razón, pero evitaron ser detenidos presentando recursos legales de amparo constitucional.

“Ellos recibieron una formación profesional, en la que el Estado invierte (…) y de pronto a media carrera en lugar de cumplir con el acuerdo y volcar esos conocimientos y destrezas a favor de la FAB y el Estado, prefieren renunciar”, explicó Ferreira.

Según el ministro, los pilotos militares tienen el compromiso de que una vez que son formados no deben retirarse de la entidad hasta cumplir con años de servicio militar estipulados.

Sólo en casos excepcionales se puede analizar la baja de un militar de la institución y en cinco casos analizados, incluido el de Quiroga, no había justificación para que sean retirados, reportó la agencia española EFE.

Los juicios contra esos ex militares, agregó Ferreira, generaron reacciones que intentaron mostrar que la Fuerza Aérea estaba “actuando prepotentemente y violando los derechos, cuando estaba defendiendo los intereses del Estado”.

Según la fuente, la formación de un piloto de la FAB le cuesta al Estado al menos 100.000 dólares en Estados Unidos y Europa, citó ABI.

(Tomado de La Nación)

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