El informe también pon énfasis en los esfuerzos del Gobierno Dominicano para prestar servicios fundamentales a todas las personas, incluidos los inmigrantes, en materia de salud, educación, acceso al trabajo y derechos laborales, entre otros renglones
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La delegación que representa a la República Dominicana ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con motivo de las denuncias contra la Sentencia 168 del Tribunal Constitucional, ratificó este miércoles en Ginebra, Suiza, la decisión y la promesa del presidente Danilo Medina, de “preservar los derechos fundamentales y los derechos adquiridos de todas las personas que habitan el territorio dominicano”, y que “ninguna persona que tenga la nacionalidad va a ser despojada de ella”.
“Y así lo hemos estado haciendo”, precisó el informe de la representación dominicana, entregado y leído este miércoles 5 de febrero de 2014, copia del cual obtuvo Acento.com.do.
La delegación de la República Dominicana está integrada por Rhadys Abreu de Polanco, jefa de la Sección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Josué Fiallo, por el Ministerio de la Presidencia; Pablo Medina Jiménez, ministro Consejero Encargado de Negocios, y Katherine Urbáez, ministra Consejera de la Misión Permanente ante la ONU-Ginebra.
“El Gobierno Dominicano quisiera asegurar que ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella”, indica el informe.
Agrega que por ese motivo, el Gobierno ha anunciado que presentará al Congreso Nacional una ley que resolverá “la situación de irregularidad en la que se encuentran los hijos de inmigrantes indocumentados registrados en República Dominicana, y sus descendientes”.
“El Gobierno Dominicano quisiera asegurar que ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella”, indica el informe
La representación dominicana recordó al Comité de DDHH de la ONU que el presidente Danilo Medina emitió el decreto No. 327-13, de fecha 29 de noviembre de 2013, que “garantiza” que durante el proceso de regularización quedarán suspendidas las deportaciones para quienes decidan acogerse al plan.
“Este decreto está siendo cumplido de forma escrupulosa por las autoridades”, precisa el informe oficial dominicano.
Sobre la política de Migración
El informe del Gobierno Dominicano explica que luego de la resolución 01-14 del –Consejo Nacional de Migración, se procederá a poner en práctica un nuevo visado de trabajador temporero, con la finalidad de regularizar el estatus migratorio de las personas que estén en esa categoría.
“De la misma manera, el Gobierno Dominicano implementará en el próximo año un nuevo sistema para la gestión y administración de las visas de los estudiantes extranjeros con la finalidad de agilizar y economizar los trámites burocráticos asociados; el Gobierno dominicano pretende así dar certidumbre y seguridad jurídica estos dos grupos tan importantes para el desarrollo económico, social y cultural del país”, subraya.
También señala que el Ministerio de Trabajo, a través de la Unidad de Migración Laboral, y funcionando bajo dependencia de la Dirección General de Empleo del Ministerio, con el propósito de proteger y erradicar cualquier violación a los derechos laborales de los inmigrantes, especialmente los nacionales haitianos, ha realizado diferentes actividades durante el año 2012, a fin de contribuir en la promoción de una modernización y mejora sostenida a largo plazo de las políticas y acciones en materia de Administración de las Migraciones Laborales.
El informe también pon énfasis en los esfuerzos del Gobierno Dominicano para prestar servicios fundamentales a todas las personas, incluidos los inmigrantes, en materia de salud, educación, acceso al trabajo y derechos laborales, entre otros renglones.
Al respecto, señala:
“Independientemente del estatus migratorio en el país, el Gobierno Dominicano siempre ha garantizado los derechos humanos básicos a todas las personas que se encuentran en la República Dominicana, incluyendo el acceso a servicios públicos como la salud y la educación, así como garantizando los derechos laborales. Por ejemplo:
“La República Dominicana invierte el 18% de su presupuesto de salud en atender a la población migrante;
“Alrededor de 36,000 hijos de inmigrantes están matriculados en escuelas públicas básicas en todo el país, sin necesidad de presentar documentación alguna e independientemente de su estatus legal;
“Las leyes laborales dominicanas protegen a los trabajadores de cualquier nacionalidad, independientemente de su estatus legal, y los tribunales laborales se pronuncian sin prejuicio de aquellos inmigrantes cuyos derechos se hayan violado, según la legislación dominicana”.
El informe también explica las políticas, decisiones y avances del Estado dominicano respecto a temas como erradicación del trabajo infantil, el tráfico de personas, la discriminación por asuntos étnicos, culturales y de otras modalidades.
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