El general y la pastora, acusados de falsificar sellos oficiales para sustraer dinero

Adán Cáceres y Rossy Guzmán (La Pastora).

Además los acusan de haber destruido y fabricado evidencias con el objetivo de evitar que las investigaciones del Ministerio Público pudieran identificar la red criminal

Acento

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En el documento de medida de coerción depositada por el Ministerio Público en contra de los imputados del caso Coral, Adán Cáceres y Rossy Guzmán (La Pastora) y otros encartados, acusan a este entramado de haber falsificado sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darle apariencia lícita a las operaciones que buscaban distraer fondos del Estado.

Conforme al documento acusatorio el MP considera que estas personas formaron un entramado criminal que detrajo millones de pesos del patrimonio público a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.

La pepa entiende que estos utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos.

Sostiene que el entramado societario se crea en el período en el que el principal autor de esta red de encontraba en las entrañas del poder, por sus funciones y sus vínculos con el primer ejecutivo de la nación y asimismo “tenían absoluta impunidad para mover cientos de millones de pesos por medio de sociedades que recibían de oficiales y civiles”.

Convirtieron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que “realizó transacciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comerciales se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental”.

A los encartados también se les imputa la creación de una empresa para adquirir bienes, la cual según el Ministerio Público no presenta operaciones “porque su único objetivo era la adquisición y construcción de bienes para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas por productos de acciones delictivas”.

Detalla que utilizaron como escudo algunas organizaciones religiosas para “disfrazar operaciones de lavado de activos multimillonarias”.

Además los acusan de haber destruido y fabricado evidencias con el objetivo de evitar que las investigaciones del Ministerio Público pudieran identificar la red criminal.

Será este miércoles 28 de abril cuando el juez conozca el documento de medida de coerción en contra de estos imputados, para quienes el MP está solicitando un año de prisión preventiva y la declaratoria del caso complejo