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martes, 28 de enero de 2020

Fracasos en erradicación de la violencia machista, 23 años después de aprobarse la ley 24-97

Las denuncias contra los feminicidios han sido constantes en el país.
Hoy

El 41 % de las mujeres que han tenido pareja han sido víctimas de violencia machista, según la Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres (ENESIM-2018), publicada el año pasado
Hace 23 años que la República Dominicana aprobó una ley, en su momento revolucionaria, tanto para el país como para América Latina y el Caribe, con el fin de hacer frente a la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, explica la directora del Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).


Pero, más de dos décadas después, la República Dominicana continúa con una de las tasas más altas de feminicidios de América Latina. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el país se encuentra entre las cinco naciones latinoamericanas con más feminicidios en proporción con su población femenina. Con una tasa de 1.9 feminicidios por cada 100 mil mujeres, solo están peor El Salvador (6.8), Honduras (5.1), Bolivia (2.3) y Guatemala (2.0).

Además, el sistema presenta fallas importantes en la prevención del feminicidio, la protección de las víctimas y la sanción a los violentos, según la jurista Yildalina Tatem Brache. “Honestamente y trabajé en el sistema muchos años, creo que el sistema en este país es un fracaso, no está funcionando como debe funcionar”, dice la especialista.

Un pequeño cambio cultural

Para Virtudes de la Rosa, la ley y distintas políticas públicas, producto de décadas de activismo, contribuyeron con un cambio cultural importante: la sociedad comprendió que había un problema de violencia contra las mujeres y de feminicidio en particular, y que se necesitaba denunciar a los agresores. “El feminicidio estaba naturalizado”, concluye De la Rosa.

Pero, la experta matiza que, aunque se dio un primer paso, todavía se responsabiliza a las mujeres de la violencia y se tiende a justificar a los hombres. Entiende que hay que invertir en educación para todos los sectores: “Hay que invertir en formación de maestros y maestras, en el engranaje de los medios de comunicación, que en la forma en la que publican la denuncia, hasta alaban al hombre: ¡Qué era un buen hombre y no sabemos qué le pasó!, un hombre que acaba de matar a una mujer”, comenta.

Tatem Brache agrega que no se puede erradicar la violencia solo desde la ley, y las condenas. Explica que se necesita educación para un cambio cultural que promueva la igualdad de derechos y elimine del imaginario social la idea de que las mujeres son propiedad de los hombres. Ese cambio cultural tendría entre sus actores fundamentales a los docentes y al sistema educativo.

Sin embargo, cuando se propuso una pequeña iniciativa para promover una educación que fomentara la igualdad entre hombres y mujeres, y niñas y niños en el sistema escolar, con la orden 33-19 del Ministerio de Educación, muchos sectores conservadores se opusieron y lograron al menos retrasar la entrada en vigor de la ordenanza.

Para Sonia Perozo, de Rescatando Mariposas, se debe ir más allá de la escuela formal e incluir a todos los sectores sociales, como a las iglesias, para evitar mensajes que fomenten la violencia machista, la sumisión de las mujeres o incluso las pongan en riesgo, al pedirles que “salven el matrimonio” cuando viven una situación de abuso.

Entiende que desde las iglesias se debe mandar el mensaje de que: “¡Dios no te quiere ahí, que Dios no te quiere sumisa, que Dios no te quiere muerta! Eso es fundamental, que las iglesias entiendan que donde hay violencia no es (un simple) conflicto, no es algo que se resuelve con oración”, enfatiza la activista que también superó una relación violenta.

Hay un dato que revela cómo el país falla en prevenir la violencia machista: El 41 % de las mujeres que han tenido pareja han sido agredidas por estas. “El porcentaje de mujeres que ha sido víctima de violencia a lo largo de su vida por su pareja o la última que tuvo, se sitúa en 41.8%; y en 34.5% en los 12 meses anteriores al estudio”, se indica en la Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres (ENESIM-2018), publicado en 2019.

En el estudio también se establece que el 68.8 % de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia. La investigación se hizo a partir de 4,083 cuestionarios a mujeres en todo el país.

Y estos niveles de violencia ocurren 38 años después de que se concretaran, al menos en el papel, políticas públicas sobre género, con la creación de una Dirección de Promoción de la Mujer en 1982; 21 años después de que esta instancia se convirtiera en Secretaría General (hoy ministerio) y a 20 años de que se presentara el primer Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género.

Denuncia de la violencia y desprotección a las víctimas
Una vez que la educación y la prevención fracasan y llega la violencia al cuerpo de las mujeres, suele producirse el silencio. El 98.7 % de las mujeres que sufrieron violencia en sus familias no denunciaron. En el caso específico de la violencia de pareja, solo el 6 % denunció a su agresor, de acuerdo con la encuesta.

Y las mujeres que denuncian, suelen encontrar graves obstáculos para ser protegidas. Cuando se emite una orden de arresto o de alejamiento, según sea el caso, empieza para muchas una larga y atemorizante lucha para lograr que el Estado cumpla con su propio mandato, confirma la jurista.

Recientemente la prensa se hizo eco del caso de Michelle Zabala Castaños, quien denunció que fue agredida a machetazos por su expareja a pesar de que tenía una orden de alejamiento. “Yo estoy cansada de ir a la policía, no hacen nada no, me dicen nada, solamente me dan una hoja con la orden de alejamiento, la llevo a Los Alcarrizos y nada. Todo el tiempo lo mismo. Tengo miedo, él me dice que quiere estar conmigo a la mala y hasta me amenaza con quemar a mis dos hijos”, dijo la víctima según versiones recogidas en la prensa.

Después de que fue agredida, el Ministerio de la Mujer anunció que había enviado a Michelle Zabala a una casa de acogida y le da asistencia legal y psicológica. Según una nota de la institución, de enero a noviembre de 2019 el Ministerio salvaguardó la vida de 1,582 personas, 843 de ellas mujeres en alto riesgo y el resto sus hijas e hijos.

A Tatem Brache, estos esfuerzos del Estado, que incluyen un pequeño centro de atención a víctimas de violencia machista en el Distrito Nacional, con buenos resultados, pero con capacidad para atender a pocas personas, no son suficientes, ya que la mayoría de las mujeres quedan, a su juicio, desprotegidas.

“En este momento creo que las medidas de protección que tenemos son una ilusión. Tres casas de acogida para todo el país, fiscalías especializadas llenas de personas que se pueden tomar más de 24 horas en poner la denuncia. La semana pasada había una chica con una situación de abuso sexual, nos contaba una compañera que para poner la denuncia y lograr atrapar al denunciado como abusador tuvieron que ir dos días en la fiscalía” lamentó Tatem Brache.

Tortuosos, costosos y corruptos procesos judiciales
Sobrevivientes de las fallas del sistema educativo, el sistema de protección a víctimas, y de prevención, hay quienes llegan hasta la justicia para encontrarse con procesos tortuosos y viciados por la corrupción.

El feminicidio de Anibel González, en San Pedro de Macorís, ha sido un ejemplo de cómo se da la corrupción en los casos de violencia machista. Su exmarido, el empresario Yasmil Oscar Fernández Estévez, la asesinó después de ser liberado, tras cumplir dos años de cárcel por apuñalarla, en un cuestionado acuerdo. El caso sacó a relucir que había acciones irregulares en la Fiscalía.

“No puede haber acuerdo en asesinato, eso se sabe que es corrupción”, enfatiza la jurista. Una corrupción que trasciende las fiscalías: “Ahora, ¿es solo del fiscal? No, no hablo de que todo el mundo tomó dinero, puede ser prevaricación, si (el juez) le da salida a los casos, tiene mejores estadísticas para evaluar su desempeño…”, explica.

Tatem Brache destaca que los procesos se hacen tortuosos y costosos para las víctimas, especialmente las más empobrecidas, porque se extienden más de lo debido, en ocasiones porque no se trasladan los presos a las audiencias y otras veces porque los victimarios tienen mejor defensa y hacen uso de tecnicismos legales.

Las mujeres no siempre tienen acceso a asistencia jurídica de calidad. Hay abogadas que ofrecen asistencia gratuita en el Ministerio de la Mujer y en algunas organizaciones sociales, pero no dan abasto para las necesidades de todas las agredidas que se atreven a denunciar y a seguir con un proceso judicial para salvar su vida y la de sus hijos.

Tampoco la ley ya es suficiente. Aunque en su momento fue modelo, según Virtudes de la Rosa se ha quedado obsoleta para responder a las nuevas necesidades de la sociedad. La experta dice que se debe aprobar un nuevo proyecto de ley integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia. Este fue depositado por primera vez en el Congreso en 2012, según destacan varios reportes de prensa.

Red de apoyo

Yildalina Tatem Brache recomienda a las víctimas de violencia machista crear una red de apoyo entre amigos y familiares antes de denunciar la violencia.

Si el riesgo es inminente, siempre se debe llamar a servicios de emergencia como el 911 o la línea del Ministerio de la Mujer *212. Puede llamar tanto la víctima como cualquier testigo.

“A ninguna mujer de primera intención le digo denuncia, le digo: primero activemos un sistema de protección familiar y de amigas y amigos y cuando tengamos ese sistema de protección de familia, y amigas y amigos que puedas convertir en red de apoyo, hablemos de denunciar”.

Esta red tiene dos objetivos: brindar apoyo emocional y económico de emergencia y también de suplir, en la medida de lo posible, las fallas del sistema de protección estatal. La recomendación parte de su experiencia acompañando a mujeres maltratadas.

Se recomienda que las víctimas también busquen asistencia psicológica con especialistas en violencia durante el proceso.

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