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| Foto: Orlando Ramos/ Acento.com.do,/Inmigrantes haitianos en proceso de regularización. |
Proponen la puesta en marcha de una moratoria sobre las deportaciones previstas para después del 17 de Junio, con el fin de permitir las condiciones de un diálogo político sereno
Fuente, Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Dos coaliciones de organizaciones no gubernamentales de Haití y la República Dominicana, que reúnen a más de 70 entidades, llamaron la atención de los gobiernos de ambos lados de la isla sobre el peligro de violentar los derechos humanos de más de medio millón de ciudadanos.
Alertaron a los dos gobiernos sobre los actuales casos de deportaciones efectuadas por el ejército dominicano a pesar de los acuerdos y declaraciones de las más altas autoridades del estado Dominicano, violando claramente los derechos fundamentales de las personas deportadas, las Convenciones regionales e internacionales así como el Protocolo binacional de 1999.
“Ante esta preocupante situación, el CCO y el CLIO consideran necesario alertar a los responsables de adoptar decisiones sobre los previsibles riesgos de generalizar las violaciones de los derechos humanos de decenas de miles de personas bajo amenaza de expulsión una vez expirado el plazo del PNRE”, explican las entidades.
El siguiente es el comunicado completo:
El Comité de Coordinación de las ONG (CCO) y el Marco de Enlace Inter-ONG (Siglas en francés CLIO) – Plataformas de coordinación que reúnen conjuntamente 70 ONG de la sociedad civil haitiana e internacionales que operan en Haití, saludan los esfuerzos concertados de cooperación y de reglamentación consensuada de las problemáticas binacionales, especialmente las que tienen que ver con la regularización de la situación migratoria, a través del Plan Nacional de Regularización de los Extranjeros (PNRE) y del Plan de Identificación y de Documentación de los Migrantes Haitianos (PIDIH).
El CCO y el CLIO reconocen, aprecian y alientan los constantes esfuerzos de las sociedades civiles de ambos países en la búsqueda de soluciones duraderas. La creación de la Comisión de Concertación Haitiano Dominicana (CCHD), que agrupa la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que trabajan a ambos lados de la isla, da prueba de una voluntad común de solidaridad y de comprensión del carácter binacional del problema, así como una visión compartida de las soluciones que se proponen.
El CCO y el CLIO expresan sus preocupaciones frente a la amenaza que se cierne sobre más de 668.000 personas, a la fecha límite del PNRE fijada para el 17 de junio 2015, que no permite que todas y todos las y los potenciales pretendientes para depositar sus documentos a tiempo. Esta fecha marca el principio de dos situaciones diferentes de violación masiva de los Derechos Fundamentales; por una parte, las condiciones de deportación de migrantes en situación irregular, por otra parte, la expulsión de ciudadanas y ciudadanos de derecho dominicanas y dominicanos desnacionalizadas y desnacionalizados sin ninguna posibilidad de recurso jurídico por la aplicación del decreto 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Esta decisión vulnera los derechos más fundamentales de la persona, entre ellos el derecho a la nacionalidad, a la ciudadanía, a la libre circulación y al voto. Todo ello, violando el principio general de la no retroactividad que “es por el hecho de que una norma jurídica que no prevé que sus efectos habrán comenzado antes de su entrada en vigor”, es un fundamento principal de la autoridad de las leyes, y está consagrado en el artículo 11, párrafo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
El CCO y el CLIO, sobre la base de informaciones recogidas por diferentes actores que trabajan en las zonas fronterizas, alertan a los dos gobiernos sobre los actuales casos de deportaciones efectuadas por el ejército dominicano a pesar de los acuerdos y declaraciones de las más altas autoridades del estado Dominicano, violando claramente los derechos fundamentales de las personas deportadas, las Convenciones regionales e internacionales así como el Protocolo binacional de 1999.
Ante esta preocupante situación, el CCO y el CLIO consideran necesario alertar a los responsables de adoptar decisiones sobre los previsibles riesgos de generalizar las violaciones de los derechos humanos de decenas de miles de personas bajo amenaza de expulsión una vez expirado el plazo del PNRE.
Recomendaciones:
El CLIO Y EL CCO apoyan las recomendaciones del CCCHD en respuesta a dichos riesgos, tales como:
A los dos Gobiernos:
Retomar de manera regular el diálogo político y su ampliación, incluyendo en él a los sectores de la Sociedad Civil Binacional implicados y un mecanismo de mediación, con un enfoque de serenidad y de búsqueda de soluciones sostenibles y duraderas para el futuro común de ambos países.
La Creación de una herramienta de evaluación independiente sobre la aplicación del Protocolo de 1999
Al Gobierno Dominicano:
La puesta en marcha de una moratoria sobre las deportaciones previstas para después del 17 de Junio, con el fin de permitir las condiciones de un diálogo político sereno;
La prolongación del PNRE para que las personas involucradas puedan completar y entregar su documentación
El respeto de los derechos fundamentales y del Protocolo de 1999 en todos los procesos de repatriación de migrantes en situación irregular.
El respeto del derecho a la nacionalidad de todos y todas los dominicanos y dominicanas nacidos/as antes de 2010 (modificación de la constitución y especialmente del derecho del suelo), sin discriminación de su origen.
Al Gobierno Haitiano:
Asegurar que la cuestión de las deportaciones desde República Dominicana sea abordada de manera prioritaria necesariamente para todos los Ministerios y servicios competentes del Estado;
Prever la preparación, en sinergia con las OSC locales e internacionales y las instituciones del estado, de una acogida comunitaria de los/las repatriados/as, dando prioridad al fortalecimiento del tejido solidario existente, en lugar del enfoque –de última instancia- basado en la creación de campos, cuyas consecuencias en el largo plazo podrían ser catastróficas e irreversibles;
Mantener y hacer más accesible el PIDIH, para que los/las migrantes haitianos/as puedan documentar su nacionalidad y aspirar a una regularización de su estancia en la República Dominicana.
A la Comunidad Internacional:
Promover la consulta de las OSC haitianas y dominicanas para el conjunto de acciones a llevar a cabo en el marco del diálogo binacional que se realiza a través de la Comisión Mixta Bilateral.
Promover el respeto de las normas y estándares internacionales, y de su protocolo binacional de 1999 en el caso de producirse deportaciones.
Isabelle Faucon
Secretaria Ejecutiva CLIO
Carla Loque
Representante del CCO
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