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| María José, de 32 años, hija de braceros haitianos. Quiso ser maestra, pero fue despojada de sus documentos por la Junta Central Electoral. |
En ninguna parte ha sido la división tan clara como en la Iglesia católica, donde el conservador cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez apoya la decisión, se opuso al nombramiento de Brewster como embajador, e influenció al Gobierno
SANTO DOMINGO, República Dominicana - Un controvertido fallo de un tribunal que afecta a miles de niños nacidos en territorio dominicano hijos de inmigrantes haitianos ha puesto al descubierto una división en la influyente Iglesia católica que plantea un dilema diplomático para los Estados Unidos.
Así lo expone un análisis publicado por el periódico The Miami Herald, bajo la firma de Ezra Fieser.
Indica que se esperaba que el vicepresidente Joe Biden instara al Gobierno dominicano en una visita esta semana a encontrar una “solución justa”, que potencialmente incluiría la legislación destinada específicamente a más de 24,000 personas afectadas por la sentencia, dijo un funcionario de alto nivel de la administración Obama.
Pero la visita de Biden fue desechada en el último minuto debido a la disputa en Ucrania.
La planeada visita de Biden se veía como una importante muestra de apoyo al asediado embajador de EE.UU. en la República Dominicana, un ex recaudador de fondos de Obama, abiertamente homosexual, cuyo nombramiento para el cargo enfureció al liderazgo de la poderosa Iglesia católica, lo que hace más difícil para la Embajada abogar por un cambio en la decisión del tribunal.
“Hay una protesta de la oposición contra 'Wally'. Somos una sociedad muy conservadora con respecto a la orientación sexual”, dijo Emelio Betances, un erudito dominicano y autor de La Iglesia católica y la política del poder en América Latina: El caso dominicano en perspectiva comparada, en la cual se refiere al embajador, mencionando a James Brewster por su apodo. “En un país pequeño como la República Dominicana, la Iglesia es muy influyente, muy involucrada en la política."
En ninguna parte ha sido la división tan clara como en la Iglesia católica, donde el conservador cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez apoya la decisión, se opuso al nombramiento de Brewster como embajador, e influenció al Gobierno
La administración de Medina ha sido objeto de críticas desde que se produjo el fallo en el mes de septiembre. La decisión del alto tribunal, que no puede ser apelada, declara que los hijos de inmigrantes indocumentados -muchos de ellos son hijos e hijas de trabajadores migrantes haitianos- no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, incluso si nacieron en el país.
Grupos de derechos humanos dicen que los afectados se quedarán funcionalmente apátridas, aunque el Gobierno dice que está elaborando un plan que va a regularizar su situación y permitir que, con el tiempo, puedan solicitar la naturalización.
Casi seis meses después de que fue dictada, la sentencia, conocida simplemente como “La Sentencia”, se ha convertido en una de las cuestiones sociales más “polarizantes” en los últimos años. Los críticos la califican de racista, xenófoba y antihaitiana. Y sus partidarios dicen que sucumbir a la presión internacional equivaldría a hipotecar la soberanía dominicana.
“Se ve una reacción muy dividida a la sentencia, incluso, entre los miembros del Gobierno”, dijo Julio César de la Rosa Tiburcio, profesor de derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. “Sin duda, ha puesto al país en una situación muy difícil al nivel internacional”.
En ninguna parte ha sido la división tan clara como en la Iglesia católica, donde el conservador cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez apoya la decisión, se opuso al nombramiento de Brewster como embajador, e influenció al Gobierno.
Como resultado, los miembros del Gobierno y la sociedad civil dicen aquí que EE.UU. ha tenido que caminar por una cuerda floja diplomática.
Los miembros de grupos de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados con la migración haitiana dijeron que EE.UU. ha sido menos franco sobre la sentencia del tribunal de lo que esperaban, incluso mientras muchos otros gobiernos extranjeros se han opuesto a ella agresivamente.
“La Embajada está involucrada, y continúa apoyando los trabajos. Pero creo que a estos grupos les gustaría ver a alguien más directo”, dijo un activista de derechos humanos que pidió no ser identificado porque trabaja de cerca con los grupos que reciben fondos de Estados Unidos.
Cuando fue nombrado, Brewster se unió a un pequeño pero creciente grupo de embajadores homosexuales. La noticia resultó divisiva en la mayoría católica de República Dominicana, con líderes de la Iglesia que temían que el nuevo embajador trabajaría tras las bambalinas para presionara favor de muchas de las mismas leyes de derechos de los homosexuales que han sido aprobadas en los EE.UU.
En lugar de encontrar un socio dentro de la jerarquía de la Iglesia, Brewster ha encontrado un enemigo. La reacción ante su nombramiento tocó un punto muy bajo cuando López se refirió a Brewster con un término despectivo en español. Ni la Embajada ni López devolvieron las llamadas de The Miami Herald ni los mensajes electrónicos solicitando comentarios.
Más recientemente, Brewster y su esposo se reunieron con grupos de derechos de los homosexuales dominicanos en la Embajada.
El embajador dominicano ante el Vaticano, Víctor Grimaldi, respondió a la mencionada reunión cuando escribió una carta abierta al papa Francis en la que dijo: “Precisamente, cuando la Constitución de la República Dominicana establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, aquí viene el nuevo embajador de Estados Unidos ‒´casado´ con un hombre‒ para reunirse con un grupo de gais y transexuales que se ha opuesto a la Iglesia católica y alega que la República Dominicana es un Estado laico".
Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores se distanció de sus comentarios, la carta de Grimaldi pasó a defender al Cardenal en una indicación clara de la influencia que la Iglesia católica ejerce en el Gobierno dominicano.
La posición de López parece contrastar con la del Papa, que sorprendió a muchos el año pasado cuando dijo: “Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar?”.
Sin embargo, el Papa no ha pedido la dimisión de López, a pesar de que tiene 77 años, dos años más allá de la edad en la que los obispos se jubilan, tradicionalmente.
López también ha sido un firme defensor de la sentencia del tribunal, pidiendo a las instituciones extranjeras, incluidas las organizaciones no gubernamentales, que se vayan al… “Nadie está por encima de la Corte Constitucional”, dijo en octubre.
Y mientras López ha sido el defensor más palmario de la sentencia, otros obispos no se han pronunciado.
“Ha habido algunas expresiones tímidas de apoyo de algunos obispos sobre la difícil situación de los haitianos; sin embargo, nunca van a enfrentarse abiertamente con el cardenal”, dijo Christopher Hartley, un sacerdote católico que trabajó durante años en las comunidades de cortadores de caña de azúcar antes de ser expulsado de la República Dominicana. Ahora está trabajando en Etiopía. “Son gente que tiene mucho miedo”.
Ese alineamiento ha dejado a los grupos católicos que trabajan sobre el problema en una situación precaria. Los jesuitas, en particular, están liderando el ataque para cambiar la decisión del tribunal o para que el Gobierno apruebe la legislación con el fin de regularizar su estatus.
“Lo que estamos pidiendo es que el Gobierno apruebe una ley integral que aborde las necesidades de los afectados por la decisión del tribunal”, dijo Mario Serrano, un sacerdote católico que, al igual que el papa Francisco, es un jesuita.
Serrano, un abierto crítico del Gobierno sobre la sentencia, ha sido blanco de López. El mes pasado, los periodistas dominicanos grabaron y publicaron a López cuando decía que Serrano debería “callarse” y dejar de “decir idioteces”.
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