SANTO DOMINGO, Republica Dominicana.- La nota emitida el pasado día 7 por la Dirección General de Comunicación de la Presidencia (DICOM) informando de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a la República Dominicana, es un modelo de asepsia política y comunicacional.
Ni una sola de sus líneas hace público que, aun reconociendo algunos logros en derechos humanos, más de 20 países de muy distintas latitudes ven con preocupación la desnacionalización y la apatridia de decenas de miles de dominicanos, principalmente de origen haitiano, creadas por la sentencia del Tribunal Constitucional.
El recurso de la DICOM es antiguo: lo que no se nombra, no existe. O así fue hasta la aparición y universalización de la internet y su pródigo acceso a cualquier tipo de dato en un abrir y cerrar de ojos. El informe del grupo de trabajo sobre la República Dominicana en el marco del Examen Periódico Universal (UPR, por sus siglas en inglés), no es una excepción. Ha sido incluso publicado por medios que recabaron información en la fuente primaria.
El informe pone persistentemente el dedo en la llaga abierta por el fallo constitucional. Revela, además, que el rechazo de sus efectos perversos no es solo cuestión del Caricom y la trilogía “fusionista” integrada por los Estados Unidos, Canadá y Francia.
Más que saludar “con recomendaciones” los avances en derechos humanos del país, como titula la nota oficial, el informe pone persistentemente el dedo en la llaga abierta por el fallo constitucional. Revela, además, que el rechazo de sus efectos perversos no es solo cuestión del Caricom y la trilogía “fusionista” integrada por los Estados Unidos, Canadá y Francia. España, un país gobernado por la derecha y receptor de inmigrantes dominicanos, fue precisa al respecto: “Evitar la aplicación retroactiva de las normas que podrían resultar de la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional 168/13, generando la apatridia de ciudadanos dominicanos”.
Enfocándose en estos dos aspectos y otros conexos, también formularon recomendaciones Noruega, Portugal, Suiza, Australia, México, Uruguay, Argentina, Italia, Brasil, Alemania y Chile, además de la demonizada trilogía y la quisquillosa Trinidad y Tobago.
Paraguay, México, Uruguay, Ecuador y Argentina instaron al país a ratificar la Convención para la Protección del Trabajador Inmigrante y su Familia, mientras que Nicaragua, Uruguay, Brasil e Irlanda recomiendan adoptar en el menor tiempo posible la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para la Reducción de la Apatridia. Más claro que el agua.
Angola, Bolivia, Eslovenia y Somalia piden proteger efectivamente a las personas víctimas de las diversas formas de racismo, y específicamente a los haitianos. Sobre el tapete fue puesto también el tema de las deportaciones masivas (Australia y Canadá).
La lista es solo enunciativa, razón por la cual se publica el texto íntegro del informe en su versión en inglés, única disponible hasta ahora.
Aprieto internacional
A contrapelo del discurso oficial sobre la efectividad de la campaña diplomática para “convencer” de la inocuidad de la sentencia del TC, el informe del UPR releva que las alegaciones dominicanas no convencen a nadie y que el país continúa en la mira de la comunidad internacional.
Aunque lo quisiera, la República Dominicana no puede ignorar la opinión de un conjunto tan amplio y disímil de países sobre temas tan sensitivos para los derechos humanos –un valor universal— como son la desnacionalización y la apatridia.
Obligado por los protocolos a aceptar o rechazar explícitamente las recomendaciones del informe, el gobierno debe en cualquier caso articular respuestas convincentes. La solicitud de aplazar la opinión oficial podría responder a la necesidad de ganar tiempo para afinar estrategia políticas perentorias, entre ellas la aprobación del proyecto de ley de naturalización especial que el presidente Danilo Medina probablemente someterá al Congreso el próximo 27de febrero.
En todo caso, gobierno y opinión pública no pueden girar la cabeza y mirar para otro lado: el rechazo a la sentencia del TC es universal y tiene consecuencias adversas para el país.
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