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SANTO DOMINGO.- El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (CNTP) calificaron de positivo el inicio de un proceso de regulación de la publicidad del Gobierno, aunque consideran que el decreto 1-24 desfavorece a los medios alternativos de provincias y a los periodistas que producen programas de televisión o radio y portales digitales.
En ese sentido, Aurelio Henríquez y José Beato, presidente del CDP y SNTP, respectivamente, pidieron al presidente Luis Abinader propiciar la equidad y la participación de sus miembros, quienes son micro, pequeño y mediano productores de programas de televisión o radio y medios digitales.
Mediante un comunicado, consideran que en el reglamento de aplicación debe garantizar que el sector de las MIPYME de la prensa, tengan participación en la decisión de las instituciones públicas aplicar el decreto 1-24, no solo se circunscriban a los grandes medios, quienes tienen estructura, capacidad económica y suficientes relaciones con los inconvenientes para lograr contratos publicitarios.
Precisaron que, si bien es cierto que las organizaciones de la prensa apoyan los principios de transparencia en el manejo de los fondos públicos, también es cierto que los medios alternativos juegan un rol de primer orden en el fortalecimiento de la libertad y la democracia.
Los dirigentes de la prensa reiteraron la posición desde el primer proyecto presentado en el año 2009, quienes mostraron la misma preocupación de no medir con la misma vara a los grandes medios y los medios alternativos, productores de programa porque la inversión y estructura administrativa es muy diferentes y desigual.
Recordaron que esos medios de provincias (digitales, programas de TV-Radio, Post Cast) no tienen mecanismos ni formalidades para poder competir con los grandes medios, por lo que se hace necesario un régimen especial para este sector, quienes juegan un rol de primer orden en cada demarcación.
Los gremialistas señalan que el Poder Ejecutivo debe garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, consagrado en el artículo 49 de la Constitución y calificaron de atinada la decisión de regular el otorgamiento de publicidad directa, discrecional y discriminatoria, sino que se exija el cumplimiento de algunos criterios mínimo que obliguen a los medios de comunicación y periodistas a cumplir con los contratos firmados con las instituciones.
Con información de El Nuevo Diario
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