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jueves, 14 de febrero de 2019

Declaración del Gobierno Revolucionario: Urge detener la aventura militar imperialista contra Venezuela

Entre el 6 y el 10 de febrero de 2019, se han realizado vuelos de aviones de transporte militar hacia el Aeropuerto Rafael Miranda de Puerto Rico, la Base Aérea de San Isidro, en República Dominicana y hacia otras islas del Caribe estratégicamente ubicadas, seguramente sin conocimiento de los gobiernos de esas naciones, que se originaron en instalaciones militares estadounidenses desde las cuales operan unidades de Fuerzas de Operaciones Especiales y de la Infantería de Marina que se utilizan para acciones encubiertas, incluso contra líderes de otros países.
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El Gobierno Revolucionario de la República de Cuba denuncia la escalada de presiones y acciones del Gobierno de los Estados Unidos para preparar una aventura militar disfrazada de “intervención humanitaria” en la República Bolivariana de Venezuela y llama a la comunidad internacional a movilizarse para impedir que se consume.


Entre el 6 y el 10 de febrero de 2019, se han realizado vuelos de aviones de transporte militar hacia el Aeropuerto Rafael Miranda de Puerto Rico, la Base Aérea de San Isidro, en República Dominicana y hacia otras islas del Caribe estratégicamente ubicadas, seguramente sin conocimiento de los gobiernos de esas naciones, que se originaron en instalaciones militares estadounidenses desde las cuales operan unidades de Fuerzas de Operaciones Especiales y de la Infantería de Marina que se utilizan para acciones encubiertas, incluso contra líderes de otros países.

Medios políticos y de prensa, incluso norteamericanos, han revelado que figuras extremistas de ese gobierno, con una larga trayectoria de acciones y calumnias dirigidas a provocar o alentar guerras, como el Asesor de Seguridad Nacional John Bolton, el Director del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone, con la participación del Senador de la Florida, Marco Rubio, diseñaron, gestionaron el financiamiento y organizaron directa y detalladamente, desde Washington, el intento de golpe de estado en Venezuela mediante la ilegal autoproclamación de un presidente.

Son ellos mismos los que, personalmente o a través del Departamento de Estado, vienen realizando presiones brutales contra numerosos gobiernos para forzar su apoyo al llamado arbitrario a nuevas elecciones presidenciales venezolanas, mientras promueven el reconocimiento al usurpador que apenas cuenta con 97 mil votos como parlamentario, frente a los más de 6 millones de venezolanos que el pasado mes de mayo eligieron al Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros.

Tras la resistencia al golpe ofrecida por el pueblo bolivariano y chavista, demostrada en las masivas manifestaciones de apoyo al Presidente Maduro y en la lealtad de las Fuerzas Armada Nacional Bolivariana, el Gobierno de los Estados Unidos ha intensificado su campaña política y mediática internacional y recrudece las medidas económicas coercitivas unilaterales contra Venezuela, entre las que puede citarse el bloqueo en bancos de terceros países de miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela y el robo de los ingresos de las ventas de petróleo de esa hermana nación, lo que está provocando graves daños humanitarios y duras privaciones a su pueblo.

Junto a este cruel e injustificable despojo, EE.UU. pretende fabricar un pretexto humanitario para iniciar una agresión militar contra Venezuela y se ha propuesto introducir en el territorio de esa nación soberana, mediante la intimidación, la presión y la fuerza, una supuesta ayuda humanitaria, que es mil veces inferior a los daños económicos que provoca la política de cerco, impuesta desde Washington.

El usurpador y autoproclamado “presidente” declaró desvergonzadamente su disposición a reclamar una intervención militar de Estados Unidos con el pretexto de recibir dicha “ayuda humanitaria”, y ha calificado el rechazo soberano y digno a esa maniobra como “un crimen de lesa humanidad”.

Altos funcionarios estadounidenses recuerdan cada día, con arrogancia y desfachatez que, en relación con Venezuela, “todas las opciones están sobre la mesa, incluida la militar”.

En el proceso de fabricación de pretextos, el gobierno de Estados Unidos ha acudido al engaño y la calumnia al presentar un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, cínica e hipócritamente, expresa una grave preocupación por “la situación humanitaria y de derechos humanos…, los intentos recientes de bloquear la prestación de ayuda humanitaria, la existencia de millones de migrantes y refugiados…, el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, la situación de ruptura de la paz y la seguridad regionales” en Venezuela e insta “a adoptar las medidas necesarias”.

Es evidente que Estados Unidos prepara el terreno para establecer por la fuerza “un corredor humanitario” bajo “protección internacional”, invocar la “obligación de proteger” a los civiles y aplicar “”todas las medidas necesarias”.

Es indispensable recordar que conductas similares y pretextos parecidos fueron adoptadas por Estados Unidos en el preludio de las guerras que lanzó contra Yugoslavia, Iraq y Libia, al precio de inmensas pérdidas de vidas humanas y de enormes sufrimientos.

El gobierno estadounidense intenta eliminar el obstáculo mayor que representa la Revolución Bolivariana y Chavista al ejercicio de la dominación imperialista sobre “Nuestra América” y al despojo al pueblo de Venezuela de la primera reserva certificada de petróleo del planeta y de otros cuantiosos y estratégicos recursos naturales.

No puede olvidarse la triste y dolorosa historia de intervenciones militares de los Estados Unidos, en más de una ocasión en México, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Cuba, Honduras y más recientemente en Granada y Panamá.

Como alertó el 14 de julio de 2017 el General de Ejército Raúl Castro Ruz: “la agresión y la violencia golpista contra Venezuela dañan a toda “Nuestra América” y solo benefician los intereses de quienes se empeñan en dividirnos para ejercer su dominación sobre nuestros pueblos, sin que les importe generar conflictos de consecuencias incalculables en esta región, como los que estamos presenciando en diferentes lugares del mundo”.

La Historia juzgará severamente una nueva intervención militar imperialista en la región y la complicidad de quienes irresponsablemente lo acompañen.

Se decide hoy en Venezuela la soberanía y la dignidad de América Latina y el Caribe y de los pueblos del Sur. Se decide también la supervivencia de las normas del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Se define si la legitimidad de un gobierno emana de la voluntad expresa y soberana de su pueblo o del reconocimiento de potencias extranjeras.

El Gobierno Revolucionario llama a la movilización internacional en defensa de la paz en Venezuela y en la región, basada en los principios de la Proclama de la América Latina y el Caribe como Zona de Paz adoptada con la firma de los Jefes de Estado y Gobierno de la CELAC en 2014.

Expresa su bienvenida y apoyo al Mecanismo de Montevideo, iniciativa de México, Uruguay, la Mancomunidad del Caribe (CARICOM) y Bolivia,que busca preservar la paz en Venezuela basado, como dice su reciente Declaración, en los principios de no intervención en los asuntos internos, la igualdad jurídica de los Estados y la solución pacífica de controversias.

Saluda la favorable acogida a dicha iniciativa por parte del Presidente Maduro Moros y la comunidad internacional y expresa preocupación ante el rechazo categórico del Gobierno estadounidense a las iniciativas de diálogo promovidas por varios países, incluida esta.

El Gobierno Revolucionario reitera su firme e invariable solidaridad con el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, la Revolución bolivariana y chavista y la unión cívico-militar de su pueblo y hace un llamado a todos los pueblos y gobiernos del mundo a defender la Paz y a oponerse unidos, por encima de diferencias políticas o ideológicas, para detener una nueva intervención militar imperialista en la América Latina y el Caribe que dañará la independencia, la soberanía y los intereses de los pueblos del Río Bravo a la Patagonia.

La Habana, 13 de febrero de 2019

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