El Ministerio de Relaciones Exteriores local afirmó en un comunicado que el informe elaborado por la CIDH contiene "datos inexactos, prejuicios, juicios obsoletos y graves omisiones", en franco desconocimiento, dijo, de los "significativos avances" alcanzados en el país en esa materia
Fuente, Acento.com.do
Santo Domingo (EFE).- República Dominicana calificó este martes de “inaceptable” el informe sobre el país realizado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que le exhorta a poner fin a la privación retroactiva de la nacionalidad de los afectados por una sentencia del Tribunal Constitucional local (TC-168-13).
El organismo, con sede en Washington, dijo que la medida adoptada por el Tribunal Constitucional dominicano en 2013 convirtió en apátridas a decenas de miles de personas, la mayoría de ascendencia haitiana.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores local afirmó en un comunicado que el informe elaborado por la CIDH contiene “datos inexactos, prejuicios, juicios obsoletos y graves omisiones”, en franco desconocimiento, dijo, de los “significativos avances” alcanzados en el país en esa materia.
“El Gobierno de la República aprecia los reconocimientos que la CIDH hace en su informe al Estado dominicano en materia de avances en la protección de los derechos humanos, pero lamenta profundamente que dicho documento esté cargado de informaciones y juicios obsoletos, desconocedores de cambios significativos y sesgados a partir de una visión incompleta y hasta prejuiciada de la realidad”, dijo la Cancillería.
A juicio del organismo, la aplicación de la ley 169-14, sobre personas nacidas en el país inscritas irregularmente en el Registro Civil, fue una iniciativa del Gobierno central para resolver el “impasse” generado en materia migratoria por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano.
La institución oficial reiteró que el Gobierno dominicano no ha llevado a cabo, ni lo hará en el futuro, expulsiones masivas como asegura la CIDH, “sino que continuará con su soberana política de repatriaciones de extranjeros que viven en el país de manera irregular”
En ese orden, la Cancillería dominicanadijo que la ley sobre regularización asumió los problemas de nacionalidad que enfrentaban determinados grupos de personas, “por lo que no aceptamos, bajo ningún concepto, que la normativa y las políticas del Estado dominicano tengan un fin discriminatorio ni que fomenten la apatridia, como de manera injusta plantea dicho informe”.
El organismo sostuvo, además, que se trata de una visión “claramente especulativa” de la CIDH sobre el soberano proceso migratorio llevado a cabo por la República Dominicana cuando se alega que miles de personas no pudieron acogerse a la categoría B de la referida ley y que, por lo tanto, han quedado en condición de apátridas.
“Hablar de miles de casos es una inexactitud que rechazamos, dado que el Gobierno dominicano no ha tenido conocimiento ni de un sola persona que haya podido probar tal situación”, apostilló el documento oficial.
La posición dominicana consideró que el problema que confrontaban las personas nacidas en el país, de padres extranjeros, inscritas en la Oficialía del Registro Civil, quedó resuelto con el carácter humano en la aplicación de la ley 169-14.
“Por lo que es inaceptable e injusta la acusación que hace la CIDH sobre la supuesta existencia de una política deliberada de privación arbitraria de la nacionalidad de cientos de miles de personas en la República Dominicana“, afirmó el Ministerio de Exteriores local.
La institución oficial reiteró que el Gobierno dominicano no ha llevado a cabo, ni lo hará en el futuro, expulsiones masivas como asegura la CIDH, “sino que continuará con su soberana política de repatriaciones de extranjeros que viven en el país de manera irregular”.
Este proceso, acotó, se ejecutará sobre la base de procedimientos individualizados y con un irrestricto apego al respeto a los derechos y dignidad de las personas, pero, asimismo, tampoco aplica ni aplicará repatriaciones de personas de nacionalidad dominicana como falsamente se le imputa al Estado dominicano”.
El documento también estableció que “el Gobierno mantiene su inquebrantable compromiso con la cabal ejecución del Plan Nacional de Regularización, a fin de que esas más de 200.000 personas beneficiadas puedan vivir, trabajar en paz y con seguridad en el territorio nacional, disfrutando los beneficios que la ley les concede”. EFE
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