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| Peña y su esposa Orlando Ramos/Acento.com.do |
El Procurador General de la República debe, además de suspender a la fiscal adjunta, como ya lo hizo, profundizar en la investigar y tomar otras decisiones más firmes, como demostración de que debe haber consecuencias. Es un caso verdaderamente nauseabundo y demostrativo de que el país anda moralmente famélico.
San José de Ocoa está alarmado y todavía no sale del asombro. Un micro distribuidor de drogas, Eric Manuel Andújar, mejor conocido como Peña, admitió sus delitos y dijo que fue acosado por la fiscal adjunta, Rosanna Rodríguez, quien le cobraba 10 mil pesos semanales. La fiscal fue suspendida por la Procuraduría General de la República, y a Peña lo acecharon y le dieron 6 balazos.
Peña no murió, está muy mal herido, y desde el lecho del hospital sigue dando testimonios que lo convierten en una especie de anti-héroe ocoeño, y la gente comenta que se trata de un delincuente responsable.
Tiene testimonios de que cada semana entregaba 10 mil pesos a la fiscal adjunta, otros 10 mil pesos a los responsables de la DNCD en Ocoa, y 10 mil pesos a las patrullas. Es decir, pagaba de peaje 30 mil pesos, y no era apresado. Ocoa es un municipio pequeño. Todo el mundo se conoce, y toda la comunidad sabía lo que estaba ocurriendo.
Lousiana Lachapelle, la esposa del vendedor de drogas conocido como Peña, ahora herido, dice que ella era a veces la que entregaba el dinero, y que Robert, el esposo de la fiscal adjunta, es propietario de un punto de drogas en Ojo de Agua.
Como puede notarse, se trata de un caso de crimen organizado por las propias autoridades del Ministerio Público y de la DNCD de Ocoa. Y cuando alguien hizo una denuncia, que en este caso es un delincuente, atentaron contra su vida. Peña, aunque está herido, no está a salvo todavía. Habría que saber si alguien se interesa en investigar a los responsables de los disparos. No fue un intercambio de disparos. Los agentes que le dispararon y lo dejaron por muerto, sabían lo que hacían.
También hay que investiga a los tribunales de San Cristóbal, que aceptaban reportes amañados y ponían en libertad a responsables de vender drogas, como lo hicieron con Peña.
El Procurador General de la República debe, además de suspender a la fiscal adjunta, como ya lo hizo, profundizar en la investigar y tomar otras decisiones más firmes, como demostración de que debe haber consecuencias. Es un caso verdaderamente nauseabundo y demostrativo de que el país anda moralmente famélico.
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